La Agencia Internacional de la Energía (IEA) está difundiendo numerosos estudios y análisis sobre lo que puede suponer, a corto y medio plazo, los problemas que el COVID-19 está causando en todo el mundo y sus repercusiones, en especial, sobre la demanda y las inversiones en energía.
El estudio parte de considerar las previsiones más probables de una recesión global para 2020 estimada en un 6% del PBI mundial, expresadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La experiencia en los meses pasados demuestra que la demanda de energía se redujo un 25% en el período de confinamiento total y del 18% en los de confinamiento parcial. Debido a las restricciones de movilidad, en la que vehículos, buques y aeronaves suponen el 60% de la demanda de petróleo, esta se redujo en 25 millones de barriles diarios, lo que pude darnos para todo el año una disminución media de 9, alrededor del 10% de lo habitual.
La hipótesis más razonable es que el consumo eléctrico medio en 2020 se sitúe un 5% más bajo de lo supuesto para este año. Ese descenso afectará sobre todo al carbón (un 8% menos) que ya estaba en declive, especialmente en China, por diferentes medidas medioambientales. Menos lo hará el gas, solamente un 2%, y la generación nuclear será la que se adapte a las necesidades globales. Con todo ello, las emisiones de CO2 se reducirían un 8% (2,6 GT) llegando a los niveles de hace 10 años, casi 6 veces más de reducción que la ocurrida durante la crisis financiera en 2009, que fue de 0,4 GT. Pero el mayor impacto se espera que incida en las nuevas inversiones: las marcadas para 2020 se esperaba que fuesen las mayores de los últimos seis años, pero la pandemia ha hecho que esas previsiones se reduzcan en un 20% sobre las del pasado año. Aunque los sistemas renovables, como eólico o solar, no sufrirán tanto, sí será el primer año que tengan disminución y no crecimiento como lo han tenido en los 20 años pasados. Todas las esperanzas se orientan a 2021 como posible principio de una recuperación.
Esto puede repercutir especialmente en los países del llamado tercer mundo: el número de personas sin acceso a la electricidad había bajado de 1.200 millones en 2010, a 789 millones en 2018, estimándose en unos 620 millones al inicio de la pandemia, un 85% de ellos en el África subsahariana. La crisis puede hacer peligrar el objetivo del acceso universal en 2030.