El etiquetado energético de la vivienda fue el tema que convocó a una nueva conferencia del Ciclo CAI Ciudades, en donde se planteó la necesidad de seguir explicando y planteando el tema para avanzar en una ley nacional que promueva su adopción puesto que el sector residencial aporta el 14,9% de las emisiones de carbono.
Pablo Bereciartúa, presidente del CAI, abrió el nuevo encuentro del Ciclo Ciudades y dijo que “la Argentina es un país muy urbanizado y parte de las posibilidades de desarrollo está en potenciar nuestras ciudades, en incluir tecnología y volverlas más sustentables”, y valoró la presencia de otras instituciones porque las propuestas tienen que ser conjuntas con distintas instituciones y el sector privado, y lograr que alguna de estas ideas también tengan llegada dentro de las políticas públicas y los marcos regulatorios.
Juan Yacopino, presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda del CAI, señaló que “el etiquetado energético de vivienda se muestra como un instrumento necesario para poder conocer el desempeño de un inmueble y tener mejores decisiones de compra”, además de una revalorización de ese inmueble. “Los actores del sector inmobiliario pueden verse beneficiados por un reposicionamiento de su oferta”, agregó, para luego presentar a los oradores.
La senadora Gladys González integró el panel y se refirió al proyecto de ley que lleva su firma, vinculado con el etiquetado energético de viviendas. “El programa de etiquetado de viviendas empezó en 2007 pero se robusteció entre 2015 y 2019 a partir de la conformación de una mesa de trabajo, el desarrollo de la norma IRAM 17900, la creación de un sistema informático vigente donde los profesionales pueden hacer la evaluación de la eficiencia energética de la vivienda, y la implementación de pruebas piloto en seis provincias”, detalló.
Sostuvo que el tema también se abordó en el Poder Ejecutivo en relación a las viviendas sociales a fin de que tengan criterios de sustentabilidad. A nivel provincial, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro avanzaron con legislación que establece como obligatoria la etiqueta, lo que llevó a la senadora a señalar “la necesidad de contar con incentivos municipales y provinciales para estimular que el mercado incorpore la certificación de eficiencia energética”.
Ante este panorama, González aseguró que “estamos en condiciones de avanzar en una ley nacional, pero depende no sólo del Congreso sino del Poder Ejecutivo, el sector privado, y de seguir explicando de cuál es el valor de la eficiencia energética en vivienda, de incorporar diseño y criterios bioclimáticos, y qué significa y cuáles son los beneficios. Porque los objetivos son sociales, económicos y ambientales”.
Recordó que, “desde el punto de vista ambiental, y según el Inventario Nacional de Gas de Efecto Invernadero, el sector residencial aporta el 14, 9 por ciento de las emisiones”, y al abordar las externalidades los beneficios también son amplios puesto que no solo impacta en el ahorro de la familia de mediano y largo plazo sino también la mejora de la infraestructura existente.
Por su parte, Guillermo Simon Padros, CEO de Argentina Green Building, destacó que “la sustentabilidad tiene tres aspectos: el social, el ambiental y el económico, aunque también debe agregarse la salud”, y señaló que la ventaja de la vivienda eficiente desde el punto de vista energético radica en su calidad de envolvente que, asimismo, tiene que ver con el confort técnico.
“Hoy, más del 90% de las edificaciones, sobre todo vivienda, se han fabricado con envolventes obsoletas. Y es el aspecto más importante a tener en cuenta cuando se analiza a través del software disponible para analizar la vivienda”, apuntó Simon Padros. Consideró que alcanzar una buena aislación térmica permite obtener muy buenos resultados en eficiencia energética.
“Con una buena envolvente se logra potencia instalada menor y eso se traslada al valor del consumo; y eso se vincula con las emisiones, con una tarifa eléctrica más reducida. El impacto en los municipios implica también un esfuerzo económico. Y sobre todo para vivienda social. La etiqueta viene a llenar un vacío grande de cara a la sociedad”, aseveró.
Por su parte, Martin Borghi, miembro de la comisión de Urbanismo y Vivienda del CAI, coincidió con lo planteado en la mesa pero advirtió que “hay que concientizar al usuario final y entender que el edificio sustentable tiene un costo mayor pero que redunda en beneficios futuros. El desarrollador tiene que entender que eso lo va a beneficiar, y el comprador asumir un costo más alto porque a lo largo de la vida útil del edificio lo va a ir repagando”.
Los oradores fueron intercambiando ideas respecto de las implicancias que tiene avanzar con una ley nacional, más allá de que algunas provincias están más adelantadas, y en la necesidad de mantener el tema en la agenda de discusión, de cara no sólo a un mejor desarrollo de este sector sino también por los desafíos que se plantean en torno a la cuestión ambiental.
