El 29 de septiembre, de 11 a 12.30 horas, se llevó a cabo, a través de la plataforma Zoom, un nuevo #PanelesCAI, esta vez encabezada por el Ingeniero Pablo Bereciartúa, Vicepresidente del CAI, el Dr. Oscar Cordeiro Netto, Director de la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico de Brasil, la Senadora Gladys González y el Ing. José Luis Inglese, ex Presidente de AySA. La pandemia ha puesto en cuestión nuevamente la necesidad de garantizar la provisión de agua potable y saneamiento a toda la población y la importancia de contar con una Ley que asegure inversiones, objetivos y planificación.

El Ing. Bereciartúa inició la charla con una serie de reflexiones y el aporte de datos, apoyado en gráficos: “¿Por qué una ley de Agua y Saneamiento?. Vemos claramente que tenemos una brecha muy significativa en este servicio en el país. Lo que no podemos obviar es que esta brecha ha crecido en el tiempo y que las políticas que hemos aplicado, hasta ahora, no han sido suficientes. Hoy le tenemos que sumar algunas cuestiones importantes, como el nuevo paradigma con los clientes y el cambio de paradigma en cuanto a la importancia que cobra un plan, una ley, de agua y saneamiento de los servicios vinculados al agua, las cloacas y el cuidado de esto. Se han hecho en el gobierno anterior una serie de inversiones en obras, en base a dónde estaba la demanda. Se hicieron unas 600 obras a lo largo del país, pero otro aspecto importante de esto es como se deben financiar. Por ejemplo, ¿quién debe pagar por este servicio, quien debe subsidiar y donde se debe subsidiar? Lo que se hizo fue readecuar las políticas para que las tarifas no subsidien a zonas que no lo necesitan. Claramente fue que las provincias no deben subsidiar al área metropolitana, si debe haber una fuerte política social, el agua ya es un derecho humano, es decir los que pueden pagar paguen y los que no pueden serán subsidiados. Y otro tema es como sumar inversión privada, para cubrir la brecha, ya que la inversión es muy significativa. Que marcos contractuales se deben aplicar para eso. En los últimos cuatro años, la empresa AySA pudo tomar inversión, a través de un préstamo, en Londres. Parte de esto esta compilado en un trabajo que se realizó con la OCDE, en la que se concluyó proponer una ley como lo hemos hecho en 2018. Quisiera terminar esta introducción y dar paso a los demás oradores. Brasil ha tomado decisiones muy importantes en el último año y como se va a implementar hacia futuro y como se va a canalizar la inversión pública y la privada”, cerró la introducción Bereciartúa, dándole paso a Cordeiro Netto. “La Ley brasileña es muy nueva, fue aprobada durante la pandemia, a mitad de este año. Brasil tiene algunos records relacionados a agua y saneamiento. Y tenemos como 35 millones sin acceso al agua potable y 6 millones a las cloacas. Tenemos una fecha que es el 2040 en el que debemos tener el 90% de la población con estos servicios. El objetivo de la ley fue establecer la universalización, y como hacerlo mejorando los contratos de concesión. El concepto de Brasil de saneamiento es diferente de la argentina. Acá saneamiento es Agua potable, gestión de la basura urbana, cloacas. Los servicios de saneamiento básico siempre fueron garantizados por las municipalidades. Quisiera hablar un poco de ANAYS, (Agencia Nacional de Agua y Saneamiento), fue creada en el año 2000. La ley de Brasil define algunos puntos más importantes que es la actualización de una ley de 2007. Habla de la necesidad de contratos de concesión, en todos los casos. La coordinación regulatoria federal: el Gobierno no tenía ningún control, era un rol de las municipalidades que en Brasil son más de 5800. Otro punto importante es la formación de bloques municipales. Las normas federales buscan darle un marco de armonización a las normas. En Brasil hay un plazo en la ley para el cobro de recogida de basura, que deberán pagar todos los que tengan ese servicio. Otro punto es que hay un incentivo a la creación de bloques municipales, y cada provincia va a definir la división de los bloques ya que, si no lo hace en dos años, lo hará el Gobierno. En cuanto a las inversiones, en este tema hoy tenemos una dificultad en Brasil. La Inversión federal hoy está prácticamente parada por la crisis pero puede ingresar a invertir el sector privado. También en la norma todos los jugadores en este aspecto deben formarse en agua y saneamiento. El rol del Congreso en Brasil fue muy importante, ya que se debatió como una prioridad nacional, de hecho la versión final fue modificada incluso los medios han destacado la necesidad de avanzar en la universalización en agua y saneamiento, pero también en drenaje urbano y en la gestión de la basura”, explicó. Enseguida le siguió la Senadora, Gladys González, presidenta de la comisión Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es donde se encuentra el proyecto de Ley en trámite. “En medio de la pandemia unos 5 millones de argentinos no se pueden lavar las manos. Tenemos un 40 % de la población que no cuenta con cloacas. Es por eso que este año nos pone el tema del agua como prioritario para tratar la Ley que es de autoría de Pablo (Bereciartúa) y de su equipo que debe ser tratada en forma urgente. Nosotros, a través de la ley, también buscamos que sea universal, sobre todo teniendo en cuenta los pequeños barrios, los pequeños entramados, para poder llevar el agua a la puerta de cada casa. Además de la contaminación que afectan a las poblaciones pequeñas, tenemos en agenda muchísima más capacidad de adaptación pensando en lo que viene. Son los desafíos que debemos resolver hacia adelante muy vinculados a una agenda de cambio climático. Necesitamos la Ley ya que separa en tres grandes bloques: primero, planificación y regulación; otro vinculados a la necesidad de articulación y regulación; y un tercero vinculado a la inversión pública y privada. Tengo el compromiso de poder lograr la norma y tengo gran expectativa en lograr los consensos, ya que esta ley garantizará muchos derechos humanos”. A su término, hizo uso de la palabra el ex titular de AySA, José Luis Inglese.  “Quisiera contar algunas cuestiones vinculadas a mi experiencia. Lo positivo de esta ley es que encara de forma seria un gran problema que es el siguiente: sobre si los costos de expansión y de mejorar de los sistemas deben ser soportados por los usuarios o por la sociedad en su conjunto. Lo que ha puesto en base esta pandemia es que se trata de una inversión de salud pública, y no un tema de servicios como la electricidad o las telecomunicaciones.” Inglese recordó que hacia fines del siglo XIX (1871) y por otra gran epidemia, la de la fiebre amarilla, se decidió, durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, iniciar las obras para brindar agua potable y cloacas a toda la población de Buenos Aires siendo una de las primeras ciudades del mundo en tener ese servicio. El 8% de la población del AMBA murió por esa epidemia. “Hay que pensar que la ley va a permitir una gran expansión de los servicios y el proyecto de ley lo pone de manifiesto. Básicamente lo podemos dividir en lo que va a ser lo que es la operación de los sistemas, de lo que es la política de inversión en la de expansión y mejora de los sistemas. Es difícil visualizar eficiencia en un sistema que deba ser pagado por los usuarios. Creo que esta ley hace una clara diferencia con la aparición del fideicomiso, ya que permitiría que hubiera un fondo para inversiones. Pero hace falta algo esencial que es un manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, no puede pensarse en ellos como meras reparticiones públicas. El caso de éxito y novedoso de esto es el caso de SABESP (la empresa brasileña de gestión de aguas y residuos propiedad del estado de San Pablo), un 51% es propiedad del Estado de San Pablo, un 29% en la Bolsa de San Pablo, un 20% en la Bolsa de Nueva York. Y acá vemos que hay un manejo con mayoría del Estado pero una gestión de la empresa por medio de privados. Sin embargo desde la más pequeña cooperativa hasta casos como AySA o SABESP tienen una característica, son todas empresas reguladas y esto es un aspecto fundamental. Es decir, tanto en el caso de la Ley de Brasil como en la Argentina veo que es una regulación profesional, independiente, eficiente y basada en datos y criterios concretos”, señaló Inglese.