A principios de julio, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió dos resoluciones clave: el Programa de Financiamiento y Apoyo a Proveedores de Servicios de TIC (Res. 950/2025) y el Programa Red Mayorista Neutral (Res. 951/2025), con la promesa de fortalecer la infraestructura de conectividad, reducir la brecha digital y modernizar redes en todo el país. Ambos programas asignan montos millonarios del Fondo del Servicio Universal (ARS 40.000 millones y ARS 60.000 millones, respectivamente).

Los programas impulsan a cooperativas, PyMEs y operadores regionales a expandir servicios en zonas desatendidas, al ofrecer financiamiento, créditos a tasa subsidiada y provisión de equipamiento. Sin embargo, la letra chica y la experiencia reciente muestran un panorama menos optimista.

Engorrosa implementación y falta de definiciones claras

Los objetivos de ambas resoluciones son encomiables, aunque la operatividad concreta de estos programas todavía no está clara. El ENACOM no ha definido los criterios específicos de elegibilidad de proyectos, ni las fechas de convocatoria; tampoco se han establecido los procedimientos para la obtención de créditos o provisión de equipamiento. Como reza el dicho: “para que lo vamos a hacer fácil, si difícil funciona”.

Los mecanismos de scoring, las tasas de interés bonificadas, las condiciones de financiamiento, las contrapartes requeridas y las auditorías detalladas se mencionan como principios generales, pero sin plazos ni metodologías de implementación ágiles. Esta falta de definición concreta genera incertidumbre en los operadores PyME y cooperativas, que necesitan previsibilidad para planificar inversiones reales.

Las resoluciones buscan establecer mecanismos pseudo novedosos de financiamiento como tasas subsidiadas y mercado de capitales, este último bajo estudio. Las tasas subsidiadas, por su parte, se implementaron durante 2021 con el Banco Nación, en lo que resultó uno de los peores programas de servicio universal. Si bien aún se muestra como novedad en el sitio del regulador, no hay datos publicados de los proyectos ejecutados.

Como punto llamativo, otro ítem de las nuevas convocatorias que no parece muy transparente es la compra de equipamiento tanto activo como pasivo por parte de ENACOM. Si se tiene en cuenta lo sucedido con las licitaciones de las tabletas, es bueno recordar el refrán “zapatero a tus zapatos”.

En realidad, todos estos procesos de manejo de fondos y financiamientos deben requerir de suma transparencia y procesos de control y auditorías certificadas, en lo posible, externas al organismo regulador. El hecho que el ENACOM se encuentre intervenido desde enero de 2024 (en principio por 180 días, periodo que “podrá ser prorrogado por única vez”, Decreto 89/2024), con reiteradas prórrogas, la última hasta enero de 2026, no genera el mejor de los escenarios en términos de transparencia.

La Resolución 951 incorpora el concepto de red neutral mayorista. El texto muy confuso no aclara el concepto y conforma un dechado de buenas intenciones. Por caso, propone “el despliegue de una Red Mayorista Neutral como así también el acceso a la conectividad mediante la tecnología 5G, en zonas desatendidas o con infraestructura limitada dentro de la República Argentina” por lo que no queda claro de qué tipo de red se trata (backbone o backhaul). Asimismo, el desarrollo de esa red se hará “a través del financiamiento y/o entrega de equipamiento de red y/o software, destinado a Licenciatarios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones (Resolución 359/2025 del ENACOM).

Por otra parte, la creación de una Red Mayorista Neutral pone en entredicho la actualidad y el futuro de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) de Arsat, ya que ambas comparten objetivos, tales como facilitar la entrada de nuevos actores y mejorar la eficiencia del ecosistema TIC; reducir la brecha digital a través de la provisión de conectividad asequible, accesible y de calidad. Al mismo tiempo, la Red Neutral fomentará “el despliegue y la extensión de la REFEFO, creando nuevos puntos de acceso, ampliando su capacidad y actualizando su equipamiento”.

Aunque sea algo extenso de explicar, se debe profundizar en la confusión que genera la resolución sobre la red neutral mayorista, un concepto conocido y utilizado en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, el texto señala que la red tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios de comunicaciones móviles y/o de Internet Fija en áreas con deficiente cobertura o saturación de redes, mediante la instalación de nodos 5G y la modernización de la infraestructura existente; fomentar la eficiencia en el uso del espectro y los recursos de red, promoviendo arquitecturas abiertas y compartidas, como el acceso compartido a la red de radio (RAN sharing). Cabe señalar el uso retirado de “5G” en el texto, cuando esta tecnología no está definida de esa manera por el ENACOM, sino como Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes, STeFI.

Volviendo a Arsat, tampoco ha avanzado en los planes de conectividad de escuelas, luego del llamado a licitación que realizó en diciembre del año pasado y prorrogó hasta mayo 2025. Por suerte las provincias y municipios han avanzado en la conectividad escolar y cada vez será menos necesaria la intervención del Estado Nacional.

El antecedente: ANR aún pendientes

El Fondo de Servicio Universal recauda en forma mensual el 1% de las ventas de los operadores TIC de todo el país, desde hace años. Hasta 2016 se publicaba el monto mensual que se recaudaba; práctica desde entonces discontinuada. Se estima a la fecha que la cifra supera los 200.000 millones de pesos, con crecimiento mensual. El quid de la cuestión es que la recaudación se actualiza todos los meses y se debe aplicar cuanto antes en un país donde, por problemas de la macro y micro, la infraestructura digital está quedando obsoleta.

Los primeros programas comenzaron en 2016 (había algunos de conectividad en escuelas y bibliotecas antes) y luego se incrementan en forma exponencial y poco transparente a partir del año 2020.

Aún persisten sin resolverse decenas de ANR (Aportes No Reembolsables) otorgados durante la gestión anterior, proyectos que fueron ejecutados y cuyas rendiciones siguen demoradas o trabadas en circuitos administrativos, lo cual incertidumbre financiera en operadores que se endeudaron para cumplir con obras de conectividad. Igualmente, se realizaron despliegues en barrios vulnerables que son vandalizados por la falta de terminación. En otras palabras, se han derrochado fondos por falta de ejecución del Estado, que realizó una auditoria hace más de un año y que a cuentagotas ha efectuado los pagos correspondientes.

Los mismos operadores que hoy deberían presentarse a estos nuevos programas son aquellos que siguen esperando la finalización administrativa de ANR anteriores, sin claridad sobre devoluciones, observaciones o definiciones de pago pendientes, lo que erosiona la confianza en los nuevos anuncios.

La brecha digital no se cierra con anuncios

Argentina necesita con urgencia ampliar su infraestructura de conectividad y garantizar Internet de calidad y asequible en todo su territorio. Para ello, los fondos del Servicio Universal son una herramienta válida y necesaria. La conectividad satelital es una gran ayuda para los sitios aislados y de baja densidad poblacional, pero no sirve para montar industrias de exportación de conocimiento, que requieren redes robustas y con caminos disjuntos en todos sus segmentos.

Si las nuevas resoluciones se convierten en instrumentos engorrosos y poco transparentes corren el riesgo de transformarse en promesas vacías mientras la brecha digital sigue continúa en ampliación.

Lo que cooperativas y PyMEs necesitan no son solo fondos asignados en anuncios, sino convocatorias claras, reglas simples, mecanismos rápidos de aprobación y desembolso y un Estado ágil que cumpla su parte en tiempo y forma y exija a los prestadores que hagan su parte con el despliegue de redes de calidad que permitan estudiar y trabajar. Mientras tanto, la conectividad de calidad seguirá siendo un privilegio, y no un derecho garantizado en gran parte del país.

Las resoluciones del ENACOM que contienen el Programa de Financiamiento y Apoyo a Proveedores de Servicios de TIC y el Programa Red Mayorista Neutral van en sentido correcto de ampliar la infraestructura digital. El desafío, como siempre, es trasladar la letra en acción. Los antecedentes no son los mejores en tecnologías digitales si se tiene en cuenta, por ejemplo, que desde el gobierno se impulsa la idea de generar un hub digital de Inteligencia Artificial, carrera que el vecino Chile emprendió hace años con los gigantes de la industria y la instalación de centros de datos.

Por otra parte, más que nunca la implementación de estos programas requerirá de transparencias y seguridad jurídica para los operadores, si se tiene en cuenta que la administración nacional descree del accionar estatal para la expansión de todo tipo de infraestructuras.